Sheinbaum defiende registro obligatorio de chips para frenar extorsión telefónica en México
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Sheinbaum defiende registro obligatorio de chips para frenar extorsión telefónica en México
La medida vincula cada línea a una persona sin crear una base gubernamental
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El control busca reducir fraudes y llamadas delictivas desde centros penitenciarios
Al defender el registro obligatorio de chips telefónicos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la medida responde de forma directa al crecimiento de la extorsión y los fraudes cometidos mediante líneas sin identificar, muchas de ellas operadas desde centros penitenciarios del país.
Durante su exposición, explicó que la falta de control sobre los chips generó un entorno favorable para delitos telefónicos, impulsados por el anonimato, lo que dificultó su rastreo y sanción. Según precisó, una proporción relevante de estas llamadas tuvo origen en cárceles, donde el uso irregular de líneas se volvió recurrente.
Sheinbaum subrayó que la política busca que cada chip esté asociado a una persona, lo que fortalece la capacidad de investigación cuando un número se utiliza con fines ilícitos y reduce el uso impune de líneas telefónicas.
La mandataria aclaró que el registro no implica la creación de una base de datos gubernamental. La información permanece bajo resguardo de las empresas de telefonía y solo se solicita en casos específicos, cuando existe un delito y una investigación formal en curso.
En ese contexto, destacó que en México operan alrededor de 154 millones de líneas telefónicas, frente a una población de 130 millones de personas, lo que refleja el uso de múltiples dispositivos por usuario y la necesidad de ordenar el padrón para evitar abusos.
Reconoció que algunos grupos delictivos intentan evadir los controles mediante números extranjeros, aunque afirmó que el registro nacional redujo de manera significativa el margen de operación delictiva dentro del territorio.
Finalmente, rechazó las críticas sobre una supuesta vigilancia masiva y sostuvo que el objetivo central es cerrar espacios al delito y fortalecer la seguridad pública, frente a un problema que afectó de forma cotidiana a millones de personas.