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SRE afirmó que los procesos de extradición siguen criterios legales y diplomáticos establecidos.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que México mantiene una postura “legal, convencional, recíproca y previsible” en materia de extradiciones internacionales, con énfasis en el respeto al debido proceso y la cooperación bilateral con Estados Unidos.
Durante su participación en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario sostuvo que el gobierno mexicano actúa con apego al derecho internacional y bajo principios de soberanía, en línea con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Velasco informó que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de este año, México presentó 269 requerimientos de extradición de connacionales ante autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ninguno ha sido concretado.
Precisó que 36 casos fueron rechazados, mientras que 233 continúan pendientes. De ese total, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición actualmente en trámite, incluso ante instancias judiciales, y los 50 restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
El funcionario explicó que en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional, el gobierno estadounidense solicitó información adicional. Señaló que esta práctica forma parte de los mecanismos habituales entre ambos países y no representa una situación extraordinaria ni fuera del marco bilateral.
También recordó que los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición permiten requerir pruebas complementarias dentro de los procedimientos de detención provisional. Además, el artículo 17 establece que deben acreditarse el delito señalado y la existencia de una orden de aprehensión.
Respecto al artículo 9 del tratado, Velasco indicó que ningún Estado está obligado a entregar a sus propios nacionales en procesos de extradición, por lo que México realiza una revisión exhaustiva antes de autorizar cualquier entrega de ciudadanos mexicanos.
Añadió que en delitos complejos, como corrupción y desaparición forzada, las autoridades estadounidenses también exigen información complementaria antes de proceder judicialmente.
Finalmente, explicó que en México existe una revisión diplomática inicial encabezada por la Cancillería, seguida por una verificación judicial realizada por la Fiscalía General de la República y jueces de distrito.
