¡Síguenos!Iniciativa busca cerrar vacíos legales y frenar delitos asociados
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El crecimiento de las máquinas tragamonedas ilegales en México encendió alertas en el ámbito legislativo y de seguridad. El diputado Pedro Haces Barba advirtió que este fenómeno no solo se ha expandido, sino que representa un flujo de ingresos ilícitos que podría alcanzar hasta 600 millones de pesos semanales, vinculado con extorsión, fraude y lavado de dinero.
La declaración surge en un contexto documentado. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, autoridades han asegurado más de 2 mil 147 máquinas tragamonedas ilegales, cifra que dimensiona el problema. No es aislado. Se trata de una operación extendida que se inserta en espacios cotidianos, pese a su prohibición.
Frente a este escenario, el legislador de Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El objetivo es claro: fortalecer el marco legal y cerrar los vacíos que han permitido la permanencia de estas máquinas en comercios, bares y espacios comunitarios.
Haces Barba subrayó que el fenómeno ha evolucionado. Lo que antes parecía marginal, hoy impacta directamente en la seguridad de las familias y en el entorno social. Además, muchas de estas máquinas operan sin supervisión ni controles, incluso con acceso para niñas, niños y adolescentes.
“No es un tema de juego, es un tema de seguridad. Estas máquinas operan al margen de la ley, afectan a las familias y generan condiciones que favorecen actividades delictivas. No podemos seguir normalizándolo”, afirmó.
Actualmente, el reglamento ya prohíbe estos dispositivos. Sin embargo, la ausencia de una prohibición explícita en la ley ha generado vacíos legales y ha permitido la interposición de amparos.
La iniciativa propone elevar la prohibición a rango legal, actualizar sanciones y definir responsabilidades para quienes distribuyan, operen o financien estos equipos, así como para establecimientos y servidores públicos que permitan su funcionamiento.
El legislador insistió en que el problema trasciende lo jurídico. También es social. Estas máquinas afectan la economía familiar, fomentan riesgos de adicción y deterioran el tejido comunitario.
La propuesta incluye sanciones para quienes obliguen a comerciantes a instalar estos dispositivos mediante amenazas o violencia, así como para funcionarios que los toleren.
“Se trata de dar certeza jurídica y fortalecer al Estado. No podemos permitir que lo ilegal se normalice”, concluyó.
